En resguardo del patrimonio público, ¿no sería posible contratar un seguro contra robo de los dineros públicos? Porque, que yo sepa -salvo en el caso de Venalum, empresa del Estado, que recuperó una parte del dinero robado por un funcionario de confianza-, aquí en Venezuela los delincuentes de cuello blanco se enriquecen descaradamente, a su paso por los altos cargos de la administración central y de la descentralizada, y esos reales, habidos ilícitamente, jamás aparecen.

Debería designarse, pienso yo, una comisión especial -integrada por empleados de confianza de la Fiscalía, de la Contraloría, del Congreso y del Ministerio de Hacienda- para que viaje a Londres a explorar la posibilidad de contratar con una empresa inglesa una póliza de tan alto riesgo (especialmente en nuestro país, dada la conchupancia, la alcahuetería y la blandenguería de funcionarios públicos, políticos y jueces).

El problema que tendríamos que resolver, en caso de que alguna compañía aseguradora se atreva a asumir el riesgo, es de recursos: ¿alcanzaría el presupuesto nacional para pagar la prima?